Isapres, AFPs, compañías de seguros y bancos lo habían dado por muerto, pero sigilosamente el tema reflotó. A mediados de marzo, el Senado reactivó un proyecto de ley que descansaba desde 2007 y que, en lo general, apunta a proteger las remuneraciones de los vendedores de las grandes compañías del sector financiero y del comercio.

La iniciativa surge porque estos empleados no tienen el dinero asegurado después de efectuada una venta aparentemente exitosa. Si un cliente de AFP no cotiza porque deja de percibir ingresos, por ejemplo, algunas empresas obligan a los vendedores responsables a devolver parte de las comisiones recibidas.

Esta práctica empresarial se masificó después de que el sistema descubriera una serie de fraudes en que algunos trabajadores simulaban ventas a sus cercanos o a personas que claramente no podían pagar y que se desafiliaban al mes siguiente.

Los trabajadores, en cambio, ven estas restricciones como una fórmula creada ex profeso para traspasar a los empleados el riesgo que es propio de una actividad comercial.

Un caso real que se presentó durante el debate en el Senado muestra que un trabajador que vende un seguro de vida cuya prima anual es de 26,22 UF –del orden de $550 mil– puede recibir una comisión de $208.469 condicionada a que ese cliente se mantenga por al menos 24 meses. Si el afiliado deja de pagar al mes 18, el vendedor debe devolver a la empresa $52.117, correspondiente al 25% de la comisión.

El proyecto aprobado hace unas semanas en la Comisión de Trabajo del Senado –y que ahora deberá verse en la Sala– establece que las comisiones pasarán a formar parte del patrimonio del trabajador al momento de la venta, independientemente de que ese cliente luego decida desafiliarse o no pague.

Para la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Ximena Rincón (DC), la iniciativa concita altos grados de consenso: «Es tan evidente que hay abusos, que es imposible oponerse. Todos los contratos que estén en la ilegalidad tendrán que adecuarse».

Rechazo empresarial

En las empresas, la reactivación del proyecto cayó como un mazazo. Para el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, resulta razonable que el legislador quiera proteger las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, considera que el proyecto debe incorporar también herramientas para controlar las ventas que son, a todas luces, maliciosas: «Algo que nos preocupa es la retroactividad (…) es complicado que los contratos cambien por efectos de una ley».

En la Asociación de AFP señalan que sólo unos cuantos meses después de celebrados los respectivos contratos es posible conocer si se trata de operaciones reales.

Para el secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García– Huidobro, la obligación de ajustar los contratos a la nueva normativa atenta contra el principio de la irretroactividad de la ley.

«Pueden desestabilizarse las relaciones contractuales, sin descartar que muchos casos se traduzcan en término de las relaciones. Para las empresas es complicado el tratamiento de operaciones en las que los clientes tienen la posibilidad de restituir productos cuando la comisión ya está devengada».

Fuente : El Mercurio