Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández han causado hondo rechazo en la población argentina, así como asombro en las democracias más sólidas del continente. El anuncio de que la Casa Rosada había acordado con los supermercados y negocios de electrodomésticos congelar los precios hasta el 1 de abril fue interpretado como un intento –conceptualmente anacrónico, por cierto– de frenar la espiral inflacionaria que afecta a ese país, aunque se rehúya reconocerla. Horas después se supo que dicho acuerdo incluía, además, una cláusula verbal que prohibía a los empresarios de ese rubro publicitar sus ofertas en los medios nacionales. Eso en nada mejora el marginal o nulo efecto antiinflacionario de la medida impuesta, pero sí golpea directamente al financiamiento de los medios no oficialistas, y ha despertado naturales críticas de la oposición. Es un paso quizá más grave aún que la intervención en Papel Prensa, y su comunicación solo verbal a las cadenas comerciales obedece a que el gobierno no ignora que es inconstitucional. No obstante esto último, recurrir a un Poder Judicial controlado por el Ejecutivo parece inconducente.

La relación entre el gobierno de Fernández y la prensa ha sido siempre compleja, dada su aversión a toda crítica. La Presidenta –siguiendo el modelo impuesto por su fallecido cónyuge y predecesor, Néstor Kirchner– no da entrevistas, y tampoco lo hacen sus ministros. Cuando hablan, generalmente en actos públicos, no suelen aceptar preguntas, en una estrategia a la que se ha sumado el uso constante de discursos por televisión. En este contexto, privar a los periódicos de la publicidad de las cadenas comerciales –decisión impulsada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno– les causa un daño gravísimo, ya que representa una de sus principales fuentes de financiamiento, sobre todo en un cuadro en el que hace años se viene denunciando que el Ejecutivo privilegia la publicidad oficial en los medios afines al gobierno.

Los ingresos por publicidad son determinantes para los medios de comunicación, ya que permiten una solvencia que garantice un periodismo independiente. De allí que esta medida sea un golpe directo a la libertad de prensa y de expresión. También vulnera el derecho de la ciudadanía a estar correcta y oportunamente informada, ya que la publicidad forma parte de dicha garantía. En este caso, la Secretaría de Comercio decidió qué información puede conocer o no el público trasandino, en una forma elíptica de censura.

La libertad para el ejercicio del periodismo, así como el acceso de la ciudadanía a la información a través de múltiples plataformas –diarios, radios, televisión, internet–, es esencial para toda sociedad que quiera ser considerada una democracia, y una restricción como la comentada, que pretexta un motivo económico, en realidad socava la democracia. Al respecto, nadie se llama a engaño en la comunidad internacional.

Fuente : El Mercurio