A un período de tregua entró el debate de la Reforma Laboral esta semana, luego de que el pasado 17 de junio la Cámara de Diputados despachara el texto al Senado. Aunque la Comisión de Trabajo recién iniciará el estudio del proyecto el 6 de julio, el Gobierno ya está trabajando en los perfeccionamientos que incorporará.

Hasta ahora, se sabía que el Ejecutivo definió reponer en el segundo trámite legislativo la gradualidad en los porcentajes de sindicalización exigidos para concretar los pactos de adaptabilidad, pero con una nueva fórmula. El rediseño de este punto se está trabajando a nivel técnico en los ministerios de Hacienda y Trabajo, y la idea es que el período de la gradualidad no sea de cuatro años, como se planteó en el original, sino que por una ventana de tiempo más acotada.

Trascendió que ese plazo no superaría los dos años. También está en análisis la entrega de fuero, derecho a huelga y acceso a información del empleador a los grupos negociadores. No obstante, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció a personeros de la Nueva Mayoría la ampliación del espectro de ajustes a la iniciativa laboral. En ese plano, uno de los nuevos puntos de «precisiones», como algunos le denominan en el oficialismo, apuntaría a mejorar la redacción del mecanismo de extensión de beneficios pactados en la negociación colectiva.

En la Cámara, el Gobierno cambió la redacción de dicha norma para aumentar el traspaso de los acuerdos a los no sindicalizados. La norma original indicaba que serían los empleadores con acuerdo de los sindicatos quienes determinarían qué beneficios se podían ampliar a los trabajadores no sindicalizados. Este tema había sido ampliamente criticado por expertos, gremios y la OIT porque se introducía una sindicalización tácita obligatoria.

El Ejecutivo presentó una indicación para cambiarlo e implicítamente llevar a la extensión de beneficios semi automática, sin que el sindicato se apropiara de esos incentivos, lo que causó la molestia de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). Sin embargo, desde el oficialismo explican que se buscará mejorar aún más la redacción de la norma, para reducir el espacio de arbitrariedad y poder de veto –tanto del sindicato como del empleador–, al momento de zanjar el traspaso de beneficios.

SERVICIOS MÍNIMOS Y EMPRESAS SIN HUELGA.

Dentro del radio de acción para ajustes en el Senado, también se incorporaría el mecanismo de resolución de controversias para determinar los servicios mínimos en caso de huelga en la empresa. La redacción general de esa norma ya ha sufrido dos modificaciones en su primer trámite, restringiendo su campo de aplicación y ajustándose a las recomendaciones de la OIT. Sin embargo, el ministro Valdés ha reconocido que es necesario realizar más perfeccionamientos al mecanismo.

En ese sentido, ante la premisa de que será difícil que empleadores y sindicatos pacten los servicios esenciales antes, desde el Ejecutivo se buscará que el procedimiento para la fijación de equipos de emergencia sea lo más técnico posible, precisando hasta el tipo de expertos que emitirán informes. Incluso se señala la posibilidad de fijar los plazos para que se emitan los informes y también para que se converse este punto, previo a la negociación.

En la Nueva Mayoría también confirmaron que se repondrá el artículo que prohíbe el derecho a huelga en empresas estratégicas, que se cayó por un voto en la Cámara. No obstante, dicen que el Ejecutivo abrió el espacio para introducir ajustes en la redacción original de esa norma, permitiendo que en el texto legal quede expreso qué tipo de sectores tendrán restricción a paros legales.

Fuente : Pulso