Con un costo global que sumaría varios millones de dólares, la defensa de Julio Ponce y de sus colaboradores Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta Camp y Patricio Contesse Fica reúne a un variopinto grupo de abogados de distinto perfil y experiencia jurídica, diferentes redes pero complementarias, que tienen ahora un fin común: desestimar las acusaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Esta entidad formuló cargos en septiembre pasado a estos cuatro ejecutivos, por haber ideado y materializado un «esquema» para hacer operaciones entre las sociedades cascada en desmedro de accionistas minoritarios.

La prueba más patente de esta agresiva y estudiada arremetida la experimentó esta semana en carne propia el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. El 23 de octubre, la defensa en lo civil de Julio Ponce pidió su inhabilitación para ver la causa. Luego insistió. Y esta semana, Jorge Bofill, encargado de lo penal, presentó una querella por «prevaricación y «abusos contra particulares».

El texto involucra al intendente de Valores, Hernán López, y al jefe del área de cumplimiento de mercado de la entidad, Hugo Caneo, los únicos que se mantendrían en la causa, dado que Coloma finalizaría su período en marzo próximo.

Los abogados que representan al presidente de SQM y de las cascadas, Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, así como a sus colaboradores suman una docena. Hacen cabeza Jorge Bofill en lo penal y Raimundo Labarca en lo civil. Defienden a cuatro formulados de cargos por la SVS. Para coordinarse, tienen reuniones semanales y van rotando la sede, aunque suele ser la oficina de Labarca en Andrés Bello 2777 o en el estudio de Bofill en Magdalena 140, en pleno barrio El Golf.

Cobran una cantidad fija al mes, pero también por éxito de alguna gestión en particular: lograr más plazo para presentar los descargos, arremeter con una acción judicial en concreto, por ejemplo. Cercanos a estos juristas calculan que en total facturarán en el caso unos US$ 4 millones.

Como dijo un destacado abogado de la plaza, «este caso les salva el semestre o el año a varios estudios». Porque puede durar varios años. Solo en lo penal, unos tres o cuatro años. Y en lo civil, un lustro.

Este equipo tuvo hace dos meses una baja. Juan Pablo Hermosilla se retiró. Se dice en la industria legal que fue porque había «muchos caciques» y otros hablan de que quiso mantener un perfil más independiente para poder influir en las políticas públicas del próximo gobierno. Sin embargo, la oficina de su padre, Nurieldín Hermosilla, sigue con las representaciones de SQM en lo penal.

Calderón: el consigliere que conoce desde la infancia

Detrás de todo este engranaje está una de las personas más cercanas a Julio Ponce Lerou: Darío Calderón González. Este abogado no actúa ni como general ni como soldado, sino como consigliere. Conocidos del presidente de SQM dicen que este abogado es uno de los pocos amigos que le quedan. Y que en un inicio, Calderón intentó, sin éxito, negociar con Moneda, las AFP y hasta con el Presidente Piñera una salida amistosa a este conflicto, teniendo como contraparte al empresario José Cox.

Sus vínculos datan de medio siglo o más. Sus familias se conocían y el progenitor del abogado y ex director de LAN era amigo íntimo de un tío de Julio Ponce. Además, uno de los hermanos del empresario de SQM –Gustavo Ponce Lerou, que es instructor de yoga– estudió Derecho en la U. de Chile en la misma época que Calderón.

El abogado de 67 años siempre ha tenido el apodo de «el Negro», pero fue el polémico comentarista Eduardo Bonvallet quien lo bautizó como el «Conde Negro» hace como 15 años, cuando era dirigente del Club Palestino. Masón y radical, ha sido director de LAN, de donde conoce a Piñera; dirigente deportivo en el Club Palestino y de la ANFP, así como cercano a Ricardo Lagos.

El vínculo con Calderón sería clave en estos momentos, porque este abogado es una de las pocas figuras concertacionistas que han sido parte de directorios de empresa, y ha sido un activo colaborador económico en las campañas, principalmente recaudando fondos a través de su selecto y horizontal grupo de amigos.

Labarca: estudió en la UC y quiso presidir Colo Colo

Raimundo Labarca encabeza la defensa civil de Ponce. Llegó el año pasado, cuando el estudio de Vergara, Labarca & Cía. empezó a asesorar a las cascadas en temas de gobierno corporativo. Ahí el experto es Sebastián Oddó y cuando el caso estalló, Raimundo Labarca, que a sus 48 años es todo un experto en peleas empresariales, empezó su asesoría.

Abogado de la Universidad Católica, Labarca ha defendido a Aguas Andinas en el caso de los malos olores de la planta La Farfana, a Corfo en el caso Inverlink y a los accionistas de Salcobrand por el control de la compañía y una larga lista de controvertidos casos.

Si algo lo distingue, dice, es su «capacidad de lucha» y de ver «el conflicto desde arriba», así como de «haber formado el mejor equipo del mercado». Sus colegas destacan que es «creativo» y muy enérgico en sus argumentos.

En una arista menos conocida, fue candidato a la presidencia de Colo Colo a inicios de la década pasada, club del que sigue siendo socio y del cual todos sus hijos, cinco hombres y una niña, son fanáticos.

Bofill: el penalista liberal que apoyó a Velasco

En el área penal, el líder es Jorge Bofill, de 54 años, PhD en Derecho de la Universidad Friedrich–Alexander en Erlangen–Nürnberg, con especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal. Hasta mediados de este año fue socio de Bofill, Mir & Álvarez y Jana, pero formó su propio bufete con el ex director de Impuestos Internos Ricardo Escobar.

Forma parte del grupo de abogados de Libertades Públicas y apoyó la candidatura del ministro de Hacienda de Bachelet, Andrés Velasco, e incluso colaboró en su programa de gobierno.

Experto en el ámbito penal, formó parte de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema Procesal Penal, que inició sus labores en octubre del año pasado, para ayudar al Gobierno a cambiar la normativa en ese ámbito. Es defensor en el polémico caso La Polar, de Pablo Alcalde.

No es de la Concertación, sino más bien de una derecha más liberal y defendió al ex ministro Harald Bayer en la acusación constitucional en su contra.

Zaliasnik: el experto en hacerse experto

Gabriel Zaliasnik, de 46 años, defiende a Roberto Guzmán. Cercano a la UDI, uno de sus cargos de más notoriedad fue como presidente de la Comunidad Judía en Chile. Ha hecho de todo, desde el área corporativa (fusión de Telefónica con Bellsouth a inicios de la década anterior), casos de libre competencia, hasta temas políticos como el desafuero del diputado de PRSD, Nelson Ávila; la defensa del ex Mandatario argentino Carlos Menem por extradición; a Alberto Fujimori cuando se refugió en Chile, entre otros casos.

Sus conocidos resaltan que es «experto en hacerse experto» y es un litigante duro. Se lleva bien con los tribunales superiores, tanto con los ministros de las cortes de Apelaciones como con los «supremos», lo que es útil en peleas de largo aliento como estas.

Pfeffer: asesor de cuatro superintendentes

El estudio Pfeffer & Cía. también es parte de la defensa de Ponce. Francisco Pfeffer es su miembro más conocido y viene de una familia de magistrados y abogados –su padre fue abogado integrante de la Corte Suprema– y tiene un gran prestigio en el Poder Judicial.

Aunque sus opciones políticas son un misterio, ha asesorado a varias autoridades de la Concertación en la SVS. Empezó con Daniel Yarur cuando estalló el caso Chispas, siguió con Ferreiro, Etchegaray y Guillermo Larraín.

En esta lid, con 53 años, es también académico de la U. de Chile, con tres libros publicados de temas jurídico–empresariales (mercado de capitales, ley de bancos y mercado de valores).

Su estudio asesora al gerente general de las cascadas, Aldo Motta Camp, y es su hermano Germán Pfeffer quien tiene el patrocinio, dado que Francisco Pfeffer aún tiene causas como representante de la SVS.

Fuente : El Mercurio