Julio Ponce Lerou está jugando todas sus cartas. El 3 de diciembre interpuso una segunda querella en el marco de la investigación que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició en su contra hace más de un año.

La querella fue interpuesta en contra de todos los que resulten responsables.

El escrito, que está en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, hace hincapié en el deber de reserva que recae en los funcionarios de la SVS. Se argumenta que éste habría sido vulnerado en tres oportunidades.

La primera vulneración se habría dado con un comunicado de prensa difundido por la SVS a través de su página web el 10 de septiembre de 2013, en ausencia del superintendente, Fernando Coloma. La segunda, con la facilitación de copias completas del oficio reservado que contiene la formulación de cargos en contra de Julio Ponce Lerou, y la tercera, con la divulgación de una sugestiva selección de los descargos en distintos medios de prensa.

En otros casos, también de connotación pública –como Inverlink, Schwager, Lan, Fasa, D&S Falabella y La Polar–, la SVS también hizo públicas las formulaciones de cargos.

«La SVS hizo públicas con lujo de detalles las conclusiones a las que había llegado como producto de su investigación, así como las presunciones que de ella infería. En especial, la SVS hizo públicas sus sospechas sobre la posible existencia de un esquema consistente, principalmente, en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM. Todo ello, a pesar de que, como se advirtió, el mismo superintendente había establecido que esta información era reservada», indica el escrito.

En relación al comunicado de prensa, se precisa que «corresponderá al Ministerio Público investigar la identidad o identidades de los funcionarios de la SVS que tuvieron a su cargo elaborar el documento en cuestión».

Diligencias

Jorge Bofill, abogado representante de Ponce, junto con presentar la querella pidió una serie de diligencias al Ministerio Público. Entre ellas, oficiar a la SVS para que informe la identidad de todos los funcionarios de la entidad que han tenido acceso a la formulación de cargos, y que identifique a las personas que elaboraron, redactaron y divulgaron el comunicado. También pidió que se despache orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, entre otras.

Fuente : La Tercera