Con reiterados llamados al orden en las tribunas de la sala de la Cámara de Diputados se realizaba durante esta mañana la polémica votación del informe sobre el Caso Johnson, realizado por la comisión investigadora creada tras conocerse la condonación de multas e intereses tributarios a la multitienda por US$ 125 millones otorgada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Al cierre de esta edición, continuaba el debate en el Parlamento, y se preveía una estrecha votación con un resultado aun incierto.

Pasadas las 11 de esta mañana el presidente de la comisión investigadora, Fuad Chahín (DC) resumía el resultado de la investigación que concluía en la existencia de responsabilidades administrativas del director del SII, Julio Pereira y el subdirector jurídico del organismo, Mario Vila.

Chahín decía en sala que en la comisión quedó acreditado el conflicto de interés de estos dos funcionarios al no abstenerse del proceso de condonación a la multitienda, ya que ambos trabajaron en la auditora PwC, que tenía dentro de sus clientes al propio Johnson.

Asimismo, agregó que el informe atribuía una responsabilidad política al ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Este último punto generó polémica entre la propia Concertación. Si bien el diputado Jorge Burgos (DC) votó por aprobar el informe, no compartió las acusaciones de responsabilidad política a Larraín.

A su vez, Patricio Vallespín (DC) dijo que «el conflicto de interés queda claramente expresado. Además, se identificaron componentes de irregularidades en el procedimiento». Por eso llamó a poner los antecedentes recabados a disposición del Ministerio Público para indagar si existió delito en los procedimientos del SII.

Javier Macaya (UDI) sostuvo que la comisión incumplió su mandato, siendo sólo «una persecución, una carnicería en contra de Julio Pereira y Mario Vila (…) desde que estoy en el parlamento no me había tocado ver una operación tan directa para lograr la salida de dos funcionarios. Una operación de las más brutales que he visto»

«Todo esto ha manchado la reputación y honra de forma brutal al director del Servicio de Impuestos Internos», agregó.

Sobre las acusaciones de red de protección a Julio Pereira, dijo que «las mismas personas que han dicho eso, que lo declaren luego de los dictámenes de Contraloría y después que la Justicia falle a favor del actuar del Servicio (…) que esas declaraciones las mantengan en la justicia».

José Manuel Edwards (RN) añadió que la imputación de cohecho, lavado de dinero y red de protección «es usar un lenguaje mafioso y denostar sin fundamento alguno a un funcionario que merece una señal de respeto».

Además, cuestionó el informe ya que, dijo, basaba el 90% de sus conclusiones en el relato de Mirtha Barra, funcionaria del SII a la que Contraloría le formuló cargos por su actuación.

Fuente : La Segunda