Cumpliendo con sus advertencias, la municipalidad empezó a cursar multas a Mall Plaza Antofagasta, ante el polémico cobro por el uso de sus estacionamientos. Las primeras dos corresponden a infracciones por contravenir la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Rentas, respectivamente.

Estas acciones se desarrollan en forma paralela a un recurso de reposición ante la Contraloría Regional, con el cual el municipio espera establecer definitivamente los alcances de un informe de dicha entidad que el centro comercial alude como la «luz verde» que tuvo para comenzar a cobrar por los aparcamientos.

Las multas fueron cursadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y el Departamento de Inspección General, infracciones que implican citación a los juzgados de Policía Local correspondientes. En dicha instancia, el municipio aseguró que se hará parte, «exigiendo que se apliquen las máximas sanciones establecidas en cada ley».

AUTORIZACIÓN

Según José Vargas Fritz, director de Asesoría Jurídica de la municipalidad, la primera de estas infracciones fue cursada por la DOM el 30 de julio, porque la Ordenanza establece que toda reparación, reconstrucción o ejecución de obras menores en un edificio ya existente debe contar con el permiso del director de Obras Municipales.

PATENTE MUNICIPAL

Mientras, la segunda lo fue el 7 de agosto, por ejercer una actividad comercial sin patente municipal, en contraposición a la Ley de Rentas. Al respecto, el jefe del Departamento de Inspección, Jorge Franco Dubó, afirmó que Mall Plaza mantiene una patente municipal de giro de «oficina administrativa», por lo que a su juicio el cobro por estacionamientos no estaría amparado en la Ley.

El municipio informó que por la infracción de la DOM, la empresa se expone a multas que van desde el 0,5% al 20% del valor total de la obra realizada. Incluso, el juzgado puede determinar la demolición de dichas obras.

Por la segunda multa, Mall Plaza arriesga el pago de hasta 5 Unidades Tributarias Mensuales y, en caso de reincidencia, la autorización para que la alcaldesa ordene la clausura de dicha actividad comercial en forma temporal o permanente.

Fuente : El Mercurio –Antofagasta