Las sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Julio Ponce Lerou y los máximos ejecutivos de las sociedades cascada y LarrainVial encendieron las alarmas sobre nuevas regulaciones al mercado.

Esto, debido a la experiencia con situaciones similares, como el caso chispas, que derivó, el 2000 en la Ley de OPA que buscó resguardar a los accionistas minoritarios ante una Oferta Pública de Acciones (OPA), estableciendo igualdad de condiciones frente a los controladores de las sociedades, en caso de venta de una sociedad anónima.

El escándalo de La Polar, en 2011, también dejó huella. La repactación unilateral de los créditos a más de un millón de clientes de la empresa de retail gatilló que la SVS publicara un reglamento de gobiernos corporativos que obligó a todos los emisores de sociedades anónimas a realizar una autoevaluación de sus prácticas internas e informarlas al mercado, publicando sus estándares al respecto.

La pregunta que surge tras un nuevo caso es si el mercado requiere de más regulaciones y cuáles serían las más idóneas. Hay un consenso entre algunos especialistas de que el sistema no necesita de más normativas, ya que las vigentes serían suficientes para cautelar este tipo de acciones.

«Esto es un llamado a la cautela de los gobiernos corporativos de los directorios, de los corredores de Bolsa, de los mercados de capitales. Es una demostración de que contamos con el arsenal de regulaciones adecuado y que las instituciones funcionan», comentó el economista Bernardo Fontaine. Agregó que, a su juicio, la SVS cuenta con todas las herramientas necesarias para fiscalizar, por lo que no se requiere un cambio normativo, ya que esto podría traer efectos nocivos para el mercado. «Cuando sobrerregulamos los mercados elevamos mucho los costos y los consumidores se verán perjudicados», agregó.

Esta visión es compartida por Alberto Etchegaray, abogado director de gobiernos corporativos del estudio Avendaño Merino y ex superintendente de Valores y Seguros, quien pone énfasis en la autorregulación y en el rol fiscalizador de los inversionistas sobre las prácticas de las sociedades en donde depositan los capitales. «Más que grandes modificaciones normativas, lo que necesitamos hacer es un cambio cultural al interior de las compañías. En especial que los directores asimilen en plenitud sus deberes fiduciarios y que ejerzan las atribuciones que la ley les entrega para supervisar a la gerencia», asegura.

Claudio Hohmann, ex gerente de D&S y asesor de cultura corporativa, comparte la visión de que los mayores efectos se verán al interior de las empresas. «El impacto mayor, probablemente lo tengan las empresas a través de la autorregulación. Estos casos producen un enorme efecto sobre las otras empresas y compañías que generalmente adoptan prácticas corporativas que exceden la regulación existente, para prever cualquier problema», comenta.

Fortalecimiento penal y fiscalizador

La academia tiene una visión un poco más crítica al respecto. Según los investigadores, es necesario realizar algunos cambios que permitan saldar deudas pendientes.

Matías Zegers, abogado y miembro del directorio del Centro de Gobierno Corporativo UC, es cauteloso a la hora de evaluar futuras regulaciones a la industria, ya que, asegura, no es conveniente legislar tras la explosión de casos como éste. «Cualquier regulación o modificación bajo el calor de un caso terminan por no ser buenas, suelen ser muy específicas y no se logran medir bien los efectos secundarios que pueden traer», comenta el experto.

Sin embargo, precisa que este tipo de casos presentan oportunidades para evaluar hacia dónde va la estructura de mercado actual y en base a eso establecer los lineamientos sobre la estructura de mercado que el sistema requiere.

Zegers cree que el mercado chileno está presentando una tendencia a debilitar la figura del controlador y a tener sociedades anónimas más diluidas.

Ante ello, el especialista de la UC considera que es clave fortalecer el rol fiscalizador de la SVS y para ello aconseja retomar la transformación de este organismo en una comisión de valores más que una superintendencia. «La comisión de valores debería funcionar mejor. En la superintendencia quien formula los cargos y fiscaliza es el mismo superintendente; el hecho de que la comisión de valores sea un organismo colegiado hace que la investigación, fiscalización y sanciones sean herramientas distintas, sería bastante bueno que retomáramos esto», argumenta. Actualmente, el proyecto de ley que crea la comisión de valores y seguros se encuentra en el Congreso.

Osvaldo Lagos, profesor de derecho comercial y gobierno corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor en derecho, considera que este caso deja en evidencia la necesidad de contar con un reglamento que tipifique como delito la administración desleal. «Cuando ocurren este tipo de escándalos todos se preguntan ¿por qué ellos no van a la cárcel? En Chile tenemos una falencia regulatoria y es que no existe el delito relacionado con la mala administración de las sociedades anónimas, sin embargo, cuando existe una administración que en parte es con dinero propio y en parte con dinero ajeno de los accionistas no sólo debe haber infracciones administrativas, sino que muchas veces debe dar lugar con claridad a penas de cárcel, eso le da mucha fuerza al sistema, tal es el caso del sistema norteamericano. En nuestra sociedad, por una cuestión elitista es más difícil perseguir delitos de cuello y corbata», precisa Lagos.

Fuente : La Tercera