Ayer el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, llegó al Congreso Nacional para entregar el contenido de un acuerdo preliminar para modificar el proyecto de Ley de Derechos del Consumidor a la Comisión de Economía de la Cámara Baja. Las indicaciones que se trabajan en dicha secretaría de Estado apuntan a modificar varios puntos del proyecto, pero en general persiguen dar mayor certidumbre procedimental en cuanto a las nuevas facultades del Servicio Nacional del Consumidor.

El diputado Fuad Chahín (DC), quien ha liderado la discusión en la Comisión de Economía, aseguró que se encuentran «ad portas de un gran acuerdo», que ya contaría con el apoyo de los diputados oficialistas y espera incluya a los diputados de la Oposición miembros de la misma Comisión. Según lo consignó el ministro Céspedes, «esperamos que este trabajo se traduzca en un acuerdo transversal la próxima semana, cuando presentemos las indicaciones».

La piedra de tope para alcanzar acuerdo con la oposición, según los diputados José Manuel Edwards (RN) y Jaime Bellolio (UDI) ha sido el cambio desde el rol mediador, que actualmente posee el Sernac, al aumento de atribuciones en el sentido que pueda investigar, interpretar la norma, fiscalizar, mediar y, finalmente, sancionar, algo que también advierten abogados y distintos sectores políticos, en el entendido que el organismo «sería juez y parte». Atendiendo estas preocupaciones, el Ejecutivo pretende introducir «murallas chinas» en el servicio, que buscan subdividir las funciones para evitar que los mismos funcionarios puedan fiscalizar, instruir procedimientos y después sancionar.

En este sentido, Cristóbal Romo, gerente legal de BDO, afirmó que esto será difícil de llevar a la práctica, dado que «todos al final del día se van a encontrar en el ascensor, todos se van a encontrar almorzando en el casino y, por sobre todo, tendrán una cabeza común que será el director del Sernac». En la misma línea lo expresó Jaime Bellolio, diputado UDI miembro de la Comisión de Economía, quien señaló que esperan más claridad respecto a esta división de funciones, especialmente en regiones «Es muralla china en Santiago, alambre de púa en Rancagua y cruzar una pequeña acequia en Temuco», dijo Bellolio. Por su parte, la socia directora de BC Abogados, Paola Cabezas, cuestionó la facultad del servicio de poder interpretar la ley: «Es una materia muy riesgosa. Cada administración puede interpretar distinto, como ocurre en la Inspección del Trabajo que es tremendamente errática».

Otro de los puntos que más ruido generó en el proyecto original fue el traspaso de competencias de los Juzgados de Policía Local (JPL) hacia el Sernac, en temas de sanción, y hacia los juzgados civiles, en casos de indemnización y reclamación. En este sentido Jaime Lorenzini, director de Lorenzini Consultores, destacó que en las propuestas de modificación al proyecto se decidiera mantener a los JPL, porque «se trata de tribunales que desde hace más de 30 años tienen la experiencia y el manejo práctico para resolver los conflictos de consumo. En definitiva, se propuso que el procedimiento sancionatorio del Sernac sería obligatorio sólo para los reclamos de hasta 30 UTM. Pasado este monto, el consumidor podrá elegir si ir al Sernac o a los JPL. Este punto también fue criticado por el diputado Edwards, quien señaló que «más del 90% de los reclamos son por montos menores a 30 UTM, por tanto se mantiene prácticamente al Sernac como único medio».

Fuente : Estrategia