El 28 de junio, diecinueve días después de que La Polar reconociera las malas prácticas crediticias en la forma de repactaciones unilaterales a los créditos de sus clientes con tarjeta, la empresa –representada por su presidente César Barros– interpuso una querella criminal en contra de su director y ex presidente, Pablo Alcalde, y tres altos ex ejecutivos: Julián Moreno, María Isabel Farah y Nicolás Ramírez, por infracciones a la Ley de Valores y a la Ley General de Bancos, cometidos al menos desde 2005.

El escrito describe la relación de hechos y las responsabilidades que estos ejecutivos habrían tenido en los hechos por declaración de antecedentes falsos y disimulación de los estados financieros de La Polar. Pero junto con revelar aspectos de las prácticas irregulares que se llevaban a cabo (ver página 16), abre una serie de interrogantes que debieran ser aclaradas durante el proceso, y que apuntan al rol que los directores cumplían en la compañía.

En la descripción del Origen y Desarrollo de Empresas La Polar, señala que el 6 de enero de 1999 «el fondo estadounidense de inversiones Southern Cross Latin American Private Equity Fund adquirió el 100% de los activos fijos y de las marcas», experimentando en los años siguientes un fuerte crecimiento y desarrollo. «En noviembre de 2003, el hasta entonces controlador de la sociedad, Southern Cross, vendió un 26,1% de las acciones. Durante el 2005 el Fondo de Inversión redujo su participación a un 20,1% para, el 2006, vender su participación en la Bolsa, manteniendo su administración superior».

Fuente : Estrategia