A tres semanas desde que la presidenta Michelle Bachelet diera a conocer los alcances generales del proyecto de ley de fortalecimiento de la libre competencia, las dudas del mercado comienzan a despejarse.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, informó hace unos días ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados los detalles de uno de los pilares de la iniciativa: el control preventivo de los procesos de fusión entre empresas.

Según la propuesta del gobierno, basada en las recomendaciones de la OCDE sobre la materia y el análisis de la experiencia de 36 países, establece que todas las operaciones que involucren a empresas cuyas ventas individuales en el ejercicio anterior superen «umbrales» mínimos de US$ 14 millones deberán ser consultadas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo que evaluará la eficiencia y los riesgos anticompetitivos de las operaciones.

En la actualidad este proceso es voluntario y las empresas pueden solicitar la opinión a este organismo, aunque terceros o el propio organismo pueden presentar requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para la revisión de una operación en particular. También la FNE ha alcanzado acuerdos extrajudiciales en algunos casos.

A la fecha y desde su creación en 2004, el TDLC ha analizado doce operaciones de fusión, como los casos de D&S con Falabella y SMU con Supermercados del Sur, mientras que la entidad que encabeza Felipe Irarrázabal ha alcanzado acuerdos extrajudiciales en cuatro ocasiones entre las que se mencionan Nestlé con Pfizer y Abott con CFR.

El proyecto establece que en las operaciones donde las ventas conjuntas de las firmas involucradas superen los US$ 83 millones en el ejercicio anterior también pasen por la revisión de la FNE. Estos umbrales quedarán definidos en el reglamento de la ley y la intención de la autoridad es ajustarlos en la medida que sea necesario.

Discusión técnica

Fuentes de Economía explicaron que estos umbrales se fijaron tras una discusión técnica que incluyó a la propia FNE y que consideró también la experiencia de países como España, Alemania, Brasil, EEUU, Italia, Japón y Suecia.

Consultado por el tema, el fiscal Irarrázabal, señaló que «eso tenemos que mirarlo más en detalle. Este punto es delicado. Lo que puedo decir es que hay que mirarlo y los estándares tienen que ser montos suficientemente importantes para que, efectivamente, las operaciones menores o más que menores no deban pasar por este costo administrativo».

Según las estimaciones de Economía, y de nuevo, de acuerdo a la experiencia internacional, con los umbrales definidos, el número potencial de operaciones de fusión que deberían ser consultadas se movería en rangos de 46 a 60, aunque con números más cercanos a 50.

Fuente : El Diario Financiero