«Crédito para comerciantes informales, dinero para hacer crecer tu negocio ahora ya!!!». «No tienes iniciación de actividades, eres informal, tu negocio o taller necesita lucas para crecer, te consigo el mejor crédito para tu negocio». «Ferianos, mecánicos, técnicos, peluquerías, mueblistas, costureras, carritos de papas fritas, vendes huevos en tu casa, etc. etc… Cuéntanos tu idea y te aprobamos un crédito sin mayor trámite y en cinco minutos».

Avisos como estos circulan por los diarios y la web, y hablan de un negocio del crédito informal cuyo mercado son aquellas personas que no tienen acceso a otras fuentes de crédito porque se trata de trabajadores informales o personas enviadas a Dicom. Es que en Chile no sólo los bancos e instituciones financieras pueden prestar dinero, sino que cualquier persona se puede constituir en un prestamista informal que ofrece dinero en efectivo con toda clase de facilidades en un negocio que no tiene regulación y en donde abunda la usura. Un delito que el artículo 472 del Código Penal establece cuando se suministran valores a un interés superior al máximo convencional, que para un tramo de 200 UF se ubica en torno al 50% anual.

Y ante la falta de fiscalización que dificulta las sanciones y las víctimas sólo pueden recurrir a la policía y en tribunales, la gran recomendación de la autoridad es acudir al mercado formal para evitar abusos.

Pero ante el escándalo que despertó el caso La Polar con sus reprogramaciones unilaterales de los créditos y tasas abusivas –prácticas que también se han denunciado en otros actores de la industria– pusieron la máxima atención de la opinión pública en las políticas que se aplican en el mercado formal, tanto en las cadenas de retail como en el propios sistema financiero.

Las dudas que siembra La Polar sobre el mercado formal del crédito
Si bien sostienen que prácticas como las denunciadas en La Polar constituyen hechos aislados, las autoridades de Hacienda se encuentran realizando una revisión exhaustiva a todo el retail financiero.

A este respecto, el economista y ex decano de la facultad de Economía de la U. de Chile, Joseph Ramos, opina que en el escándalo La Polar las repactaciones sin consentimiento a tasas mayores caen en una categorización de usura moral si no legal. «Las repactaciones unilaterales se penalizan. Pero las repactaciones acordadas, aunque las tasas sean elevadísimas, no son necesariamente ilegales», lamenta.

A su juicio si bien se justifican cobros más altos para créditos de montos pequeños, con pocas garantías y deudores riesgosos, «tasas del 40%–50% parecen exageradas, injustas y usureras desde el punto de vista moral, por lo por la ley no deberían permitirlas».

Agrega que los créditos hipotecarios son razonables, pero «los créditos de consumo bancarios, cuyas tasas sobrepasan los UF + 25%, si bien son legales, parecen que rondan en lo inmoral».

En la misma línea, el economista y ex decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. de las Américas, Antonino Parisi, afirma que «en Chile la tasa máxima es de alrededor de 50%, pero se hacen unos trucos que si uno los contabiliza superan ese monto. Son los cobros por administración, por mantención. En los países desarrollados se incluyen en la tasa todos los gastos».

El especialista calificó el caso La Polar como un ícono de usura en el sector formal, ya que según sus cálculos se cobraron en algunos casos tasas de hasta el 160%. «Se ganó plata a costa de cualquier cosa y esto fue permitido porque los legisladores y el gobierno no actuaron a tiempo. Y creo que van a tener que compensar con dinero y quizás hasta podrían emitir acciones tipo B, porque no van a poder pagar el daño que han hecho a sus clientes con esta tasas usureras».

De ahí que reflexiona: «Chile se ha transformado en una verdadera cárcel donde todos nos estamos asaltando. Las altas tasas de interés deben frenarse ya y para ello debe bajarse la tasa máxima convencional».

Los argumentos del sector financiero que descartan el peligro de usura
En el sector financiero formal descartan que exista usura, ya que aseguran se penaliza por la legislación vigente.

El economista jefe del BCI, Jorge Selaive, afirma que en el caso La Polar lo cuestionable es la repactación «unilateral» y no la tasa a la que se hacían. «Usar la TMC no es usura y no es ilegal. Lo cuestionable es hacerlo unilateralmente sin el consentimiento del cliente», asevera.

Explica que legalmente la industria financiera se rige por la tasa máxima convencional y que para el cálculo de esta tasa se determina el promedio de intereses cobrados de operaciones cursadas el mes anterior, reajustadas en un 50%, metodología similar a la que se ocupa tanto en países desarrollados como en desarrollo.

«Aunque es un metodología muy antigua, tiene ventajas como desventajas. Entre las principales ventajas es que permite prestar a personas con alto riesgo de no pago, con lo que ha contribuido a la bancarización de estratos socio–económicos más bajos. Por otro lado, la metodología actual genera mucha persistencia en su movimiento, es decir, responde muy poco a los movimientos en los costos de fondeo efectivos que se producen a través del tiempo», afirma.

Acota que el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) llama a los países emergentes a evaluar el liberalizar sus tasas máximas de manera de mejorar la bancarización. Agrega que las comisiones cobradas por la banca chilena están entre 1% y 2%, lo cual «representa un porcentaje menor de la tasa máxima convencional, que hoy está en 50%. En consecuencia, si bien discutible y para evaluarlo con calma, lo cierto sería que incluirlas dentro del cálculo de la TMC es un aspecto de poca relevancia en la tasa final», señala.

El economista jefe del Banco BBVA, Alejandro Puente, asegura que ninguna de las instituciones financieras cobra tasas superiores a la tasa máxima convencional. «Precisamente la existencia de esta tasa determina que algunas personas que por ser considerados sujetos de elevado riesgo deban recurrir a mercados informales de crédito para obtener financiamiento en condiciones muy desventajosas. En este sentido, rebajar la tasa máxima en vez de favorecer a sectores de más bajos ingresos los perjudica, ya que disminuye su acceso al mercado formal», acota.

El economista y ex gerente de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, descarta que en el sistema financiero se produzca usura. «Este es un problema propio de los mercados informales. Existe un mercado negro del crédito con prácticas usureras y Eurolatina es una prueba de ello. Por eso se debe tratar de acercar esta tasa a precios de equilibrio y alejar a los deudores más pobres de los precios de los prestamistas usureros».

En «off» altos ejecutivos de la banca plantean que la asimetría regulatoria entre bancos y casas comerciales puede ser una de las razones que permitieron los altos cobros que aplicó a sus clientes de La Polar.

Hacienda revisa tasa máxima convencional
Sobre la visión del gobierno en relación al costo del crédito en el sistema financiero, el subsecretario de Hacienda, Rodrigo Alvarez, señala: «Desde un punto de vista social, los bancos, casas comerciales y cajas de compensación de asignación familiar son instituciones que representan una fracción muy importante del crédito a las personas, por lo que sus efectos sobre las familias son extremadamente relevantes».

En este sentido, Alvarez anuncia que están pensando en nuevas regulaciones para mejorar el costo de crédito. «Efectivamente, uno de los temas de la Agenda Chile País Desarrollado considera mejoras en esa línea. En concreto, Hacienda está analizando perfeccionamientos a la ley sobre operaciones de crédito en dinero que data de 1981. Adicionalmente, dada la importancia y especial sensibilidad de este tema, a la propuesta se incorporará la opinión de especialistas en el tema de todos los sectores, de manera de tener una mirada más transversal».

Y sobre la modificación a la tasa máxima convencional «afirma que una materia que seguimos revisando

Agrega que técnicamente, por diversas razones, no todos los agentes económicos tienen los mismos costos del crédito. «Es por ello que resulta muy importante asegurar que las personas posean toda la información relevante que les permita tomar las mejores decisiones en función al costo del crédito que les ofrecen y a las necesidades que ellos tienen», afirma.

Las reformas que plantea el caso La Polar
Joseph Ramos llama a «penalizar las repactaciones ilegales severamente; graduar las multas por morosidad, es decir, que aumente el interés pero menos, mientras más cuotas se hayan pagado a la tasa convenida, establecer que cuando una deuda supere cierto límite la casa comercial o el banco informe el interés que cobra para créditos de consumo, obligar a la consolidación de la información sobre deudas, y fomentar la competencia en créditos de consumo entre las casas comerciales, la banca y las cajas de compensación».

En la misma línea, Antonino Parisi, propone que se incluyan en su cálculo de la tasa real que se cobra en los créditos todos los cobros que aplican las instituciones financieras en sus créditos.

Afirma que «en Chile la tasa máxima es de 50%, pero se hacen unos trucos que si uno los contabiliza superan ese monto. Son los cobros por administración, por mantención» y agrega que en los países desarrollados se incluyen en la tasa todos los gastos.

El experto también plantea rebajar la tasa máxima convencional para permitir que incentivar la probabilidad de pago. «Es muy difícil pagar tasas del 50% anual y, por lo tanto, pienso que las tasas no deberían superar el 30%».

De hecho, junto a su hermano Franco, elaboraron una propuesta para reducir la TPM que fue recogida por los diputados DC, Aldo Cornejo, y Pablo Lorenzini, y transformada en un proyecto de ley que hoy se tramita en el Congreso.

Fuente : La Segunda