LUEGO DE que trascendiera la decisión de la Contraloría General de la República de no formular cargos en contra del director del Servicio de Impuestos Internos, en el marco de los cuestionamientos por su participación en la condonación de multas e intereses a la multitienda Jonhson´s, el gobierno decidió confirmarlo en su cargo, y darle el respaldo que se había solicitado desde la coalición oficialista. Se cierra así un capítulo donde el Ejecutivo exhibió hasta último minuto una conducta errática.

Hasta inicios de esta semana, el Presidente de la República mantuvo las críticas al hecho de que el director del SII no hubiera ya informado en su oportunidad al ministro de Hacienda sobre esta operación, señalando que se tomaría un tiempo para decidir la suerte del alto funcionario. Sin embargo, al día siguiente, la vocera de gobierno anunció que este continuaría en su posición, pues cuenta con la confianza del Mandatario. Aunque en esto el Jefe de Estado no hace sino ejercer sus prerrogativas, quedan por dilucidar las razones que explican el súbito cambio de criterio. También es llamativo que el Presidente de la República muestre su molestia contra el director de un servicio autónomo por no avisarle de una condonación que figura dentro de las atribuciones de este último, pues ello arriesga con politizar la función del servicio cuestionado, debilitando el respaldo que debe exhibir quien tiene la delicada misión de llevar adelante la administración tributaria en el país.

En el mismo caso, la Contraloría decidió formular cargos contra el subdirector jurídico y la ex directora de grandes contribuyentes del SII, lo que deja abierta la discusión sobre la forma en que se llevó a cabo este proceso de condonación. El hecho que la Contraloría haya encontrado bases para seguir adelante con el sumario afecta también la imagen que debe mantener el SII, particularmente porque han sido cuestionados quienes desempeñaban altos cargos en dicha repartición al momento de producirse la condonación. Por lo mismo, es indispensable que la investigación se lleve adelante con prontitud, una vez que quienes aparecen cuestionados hayan ejercido su derecho a formular descargos, de manera que exista total claridad sobre los alcances de este caso.

Aunque los funcionarios del SII, en cuanto empleados del aparato público, cumplen con su deber al denunciar hechos que estiman lesivos para la entidad, es necesario evitar que confundan esta facultad –como parece haber ocurrido en este caso– con un inexistente derecho a evaluar, juzgar y determinar el desempeño de las autoridades superiores del servicio en el ámbito de sus facultades. Ello contraviene la institucionalidad que rige al sector público y la subordinación jerárquica que deben respetar sus funcionarios.

Por su parte, el informe despachado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados demostró una vez más la incapacidad de esta instancia para hacer una contribución responsable a dar claridad en casos como este, lo que se confirma en el hecho que ni siquiera logró concitar esta semana el apoyo unánime de la bancada opositora.

Fuente : La Tercera