Por una abrumadora mayoría de 12 votos a favor y sólo uno en contra, la comisión investigadora del caso La Polar aprobó el informe final, tras casi cuatro meses de trabajo.

En el documento se establecen responsabilidades institucionales y privadas. Respecto de las primeras, denuncia a las Superintendencias de Bancos y Valores de negligencia en la supervisión de la Polar y extiende dicha falta a los reguladores desde 2006. Otro tanto atribuye al regulador de Pensiones por no haber tomado medidas en los últimos 10 años para prevenir fraudes, y al Banco Central de no precaver la falencia en la regulación de las tarjetas de crédito no bancarias. Al Sernac, en tanto, cuestiona por no haber actuado a tiempo, pese a contar con denuncias también desde 2006.

De esta forma, el informe evita atribuir la falla en la cadena de supervisión a funcionarios específicos y excluye reproches personales en contra del regulador de Bancos Carlos Budnevich y el director del Sernac José Roa, tal como se planteó en algún momento.

En el área de responsabilidades privadas, los calificativos más duros van en contra de los ejecutivos y directivos del retailer, a quienes acusan de fraude masivo. También se denuncia por negligencia y falta de cuidado a la auditora PWC y las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Rating.

En menor medida se reprocha el actuar de las AFP que designan a miembros de la comisión clasificadora de riesgo y con sus votos eligen a directores de la multitienda. Y les pide que revisen «con mayor celo» los mecanismos de inversión por cuenta de terceros.

Sobre las propuestas, sugiere aumentar las penas por delitos económicos y las sanciones administrativas a organismos fiscalizadores públicos y privados y recomienda recoger las recomendaciones de la Comisión Desormeaux, entre otras.

Según el presidente de la instancia Gonzalo Arenas (UDI) «el informe demostró un esfuerzo por no incluir factores políticos», lectura similar a la que hizo su par independiente Miodrag Marinovic.

«Se logró superar una lucha entre dos bandos para ver quién se echaba la culpa. Sacamos un informe que recoge las responsabilidades institucionales desde 2006», dijo. En tanto, el DC Fuad Chahín planteó su satisfacción «porque es equilibrado entre propuestas y responsabilidades».

Quien no quedó conforme fue el único diputado que votó en contra, José Manuel Edwards (RN) quien sostuvo que «le da la espalda a los consumidores al no considerar la responsabilidad del Sernac y además la crítica a PWC es muy blanda».

En documento se votará en dos semanas en la Sala.

Fuente : El Diario Financiero