La sorpresa fue mayor. Aparentemente de la nada, en medio del anuncio de un aumento de capital por US$ 400 millones que pretendía continuar su expansión en Chile y Colombia, La Polar anunció la semana pasada la necesidad de hacer provisiones por hasta US$ 428 millones.

Un par de antecedentes ayudan a entender mejor. Primero, La Polar es de las pocas empresas listadas en bolsa que no tiene controlador. En Chile la empresa promedio tiene un controlador conocido que posee en promedio aproximadamente un 55% de la propiedad. En La Polar, el principal accionista individual tiene menos de 10%. Segundo, si bien La Polar es una empresa de comercio, el 47% de sus ingresos vienen del negocio financiero. O sea, La Polar casi igualmente puede ser considerada una gran tienda o un establecimiento de crédito. Tercero, para financiar este negocio La Polar no recibe depósitos (no es banco), sino que financia emitiendo bonos (51%) y préstamos bancarios (36%). Cuarto, el directorio de La Polar ha sido siempre formado por directores que conocen de empresas y tienen amplia experiencia.

¿Cómo pudo pasar esto?

La Polar es la versión chilensis de la crisis subprime: ocurrió en una empresa de propiedad diluida –como las empresas norteamericanas protagonistas de la crisis– cuyo foco de desarrollo eran segmentos socioeconómicos medios y medios bajos.

Lo que me imagino que ocurrió es que durante la crisis, ante el incremento en la morosidad, la empresa reprogramó las cuentas impagas. Lo hizo de una manera tal que las reprogramaciones generaban utilidades. Si los clientes reclamaban, se debe haber negociado una salida más o menos consensuada.

Lo que detonó la debacle es que el Sernac inició una acción judicial colectiva producto de la acumulación de reclamos. Ahí ya no es posible negociar uno a uno y en condiciones favorables. Contra una masiva acción de este tipo y ante la evidente ilegalidad de las reprogramaciones previas, lo más probable es que esas cuentas por cobrar se hagan a montos menores que los que reconocía la empresa. La estimación es que un 25% de esas cuentas no se podrían cobrar porque su monto obedece a reprogramaciones y eventualmente tasas improcedentes.

¿Qué consecuencias sacar?

Primero, la responsabilidad de estos eventos recae primeramente en la administración. Como señalé, los sucesivos directorios de La Polar han estado compuestos por profesionales destacados. Sin embargo, al analizar los estados financieros no se aprecia que dichos directorios hayan tomado medidas para abordar los problemas específicos y conocidos de las empresas diluidas. Un tema recurrente durante la crisis internacional fue el de los incentivos a los ejecutivos. Lo que informa La Polar es que «los beneficios son registrados al momento en que se devenga la obligación y usualmente son pagados antes de 12 meses». Es decir, los incentivos eran maximizar las utilidades de corto plazo. Una posibilidad es que hayan hecho reprogramaciones unilaterales ventajosas para la empresa, lo que sirvió en el corto plazo y hasta que aparece el Sernac. Los directores en Chile operan en todas las empresas, salvo La Polar, con controladores definidos. Por mejor que fuera el currículum de sus directores, fallaron en identificar que los incentivos a los «trabajadores» eran de la misma naturaleza que lo que hundieron el sistema financiero norteamericano.

Segundo, aquí fallaron muchos controles además de los del directorio. El número uno es la empresa auditora. Los estados financieros señalan que, «además de los modelos de scoring», la política de créditos depende de «capacidad de pago, comportamiento de pago y condiciones de mercado». Vamos de menos grave a más. Las condiciones de mercado son conocidas. Sin embargo, el comportamiento de pago es sólo medianamente observable, porque depende de la información que recibe el auditor por parte de la empresa. ¿Qué conclusión saca el auditor si las renegociaciones son forzadas? Lo peor es la evaluación de la capacidad de pago. ¿Cómo puede un auditor evaluar la capacidad de pago si desconoce la deuda que tiene la persona con otras casas comerciales?

Fallaron también los financistas de La Polar, quienes debían evaluar la capacidad de pago de la deuda contraída por ésta. Las clasificadoras de riesgo deben evaluar la capacidad de pago para los inversionistas en dichos bonos. Como pasó en la crisis, las clasificadoras llegaron tarde.

Llama la atención el caso de los bancos. Al principal banco acreedor, La Polar le debía US$ 120 millones y al segundo US$ 105 millones. Esos dos y el resto proveen más de un tercio del financiamiento. ¿Cómo evaluaron dichos bancos los riesgos de no pago de este cliente importante?

También están las AFP, que no sólo tenían acciones sino también unos US$ 350 millones en bonos. ¿Dónde está la evaluación de riesgo de estos profesionales de las inversiones? ¿Confiaron como sus pares internacionales en los clasificadores?

Bancos, AFP y clasificadoras tienen todos un controlador definido, y aun así fallaron.

Finalmente, la crisis de La Polar resalta la pertinencia de la reforma a la institucionalidad de supervisión financiera. Sin embargo, la propuesta del Gobierno tiene un límite que es claro: mantiene el foco de la supervisión financiera en una noción arbitraria de las industrias.

¿Qué son La Polar u otros del retail como Cencosud o Falabella? ¿Empresas del comercio o, como se dijo durante la crisis, «bancos en la sombra», porque efectúan una cierta «transformación de madurez» como lo hace un banco? Esta crisis da la oportunidad de avanzar hacia un sistema de supervisión mejor que el actual donde lo relevante sea lo que hace la empresa y no qué nombre tiene.

Fuente : La Segunda