Una tensa sesión se desarrolló ayer en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, conformada para investigar las irregularidades del caso La Polar y determinar responsabilidades políticas. Y el primer convocado para dichos efectos fue el superintendente de Bancos, Carlos Budnevich, quien en forma tajante acusó a la empresa de haber engañado al regulador, apuntando directamente al directorio de la multitienda y además al auditor de la misma, la consultora PWC.

«Nos parece indignante, tanto lo que ha pasado con los auditores externos, como las explicaciones que han dado el presidente y vicepresidente de la compañía quienes señalaron que habían sido sorprendidos por la información y que todo lo ocurrido era un error», puntualizó el superintendente.

En la misma línea, acusó tener limitadas facultades para supervisar al sector, ya que la normativa vigente desde 2006 establece que la entidad sólo puede fiscalizar a aquellas casas comerciales cuyas transacciones con tarjetas de crédito sean de más de un millón de UF.

Además, puntualizó que los 8 emisores de tarjetas de retail que cumplen esas características están adscritas al pago de los comercios no asociados en un plazo inferior a tres días, de manera tal que el regulador no tiene atribuciones para fiscalizar su solvencia ni su riesgo crediticio.

Dijo que por el contrario, se limita a recibir el informe de los auditores, que Budnevich definió como «tremendos mamotretos con un montón de temas, pero no dan una opinión ni respecto de la solvencia del emisor ni tampoco una evaluación de si su gestión es adecuada o no».

Sin atribuciones


El regulador explicó que «el foco de la Sbif en La Polar es Inversiones SCG S.A. que es el emisor de la tarjeta, pero quiero decir con todas sus letras que no tenemos atribuciones para mirar ninguna de las otras 11 filiales de empresas La Polar ni la matriz». Agregó que «en el caso de Inversiones SCG la miramos con el prisma del informe de procedimientos acordados que nos entrega el auditor externo». Incluso planteó que si La Polar no hubiese tenido sistema de pagos con comercios asociados «ni un peso podría haber sido fiscalizado».

Budnevich reiteró que –de acuerdo al hecho esencial enviado a la SVS el viernes– la empresa necesitará provisiones adicionales por US$ 892 millones, ya que se encuentra bajo el capital mínimo exigido por la ley de 100 mil UF, y que tiene hasta este viernes para cubrir dicho requerimiento. De no cumplir, el regulador evaluará si suspende o revoca la autorización a La Polar para emitir tarjetas de crédito.

Además, señaló que se están realizando una serie de análisis en terreno y que como fruto de ello se han renunido antecedentes que permitirían presentar acciones legales en contra de la empresa.

Fuente : El Diario Financiero