CON 20 años de experiencia en la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el ex gerente de la entidad, Alejandro Alarcón, conoce como pocos la evolución que ha tenido la banca en Chile. Uno de los trabajos de los que está orgulloso es la bancarización, dedicando cincos años s ampliar el acceso al crédito.

Por ello, ahora desde la libertad que permite la academia –como profesor de la Universidad de Chile– y la conexión aún mantiene con el sistema financiero a través de diversas asesorías y directorios, analiza lo que está ocurriendo en los oferentes de crédito. Dice que hay bastante ruido con las decisiones que se han venido adoptando por parte de las autoridades, algunas con implicancias no menores: empeoramiento en el comportamiento de pago.

Dado esto, su visión no es del todo positiva respecto a la gestión que en materia de mercado de capitales está llevando a cabo Hacienda. «Mi opinión es bastante crítica. Si hago una comparación con otras administraciones, inclusive antes de los noventa, diría que este ha sido el periodo más seco en reformas al mercado de capitales», sostiene el economista.

¿Por qué tiene esa visión crítica del actuar en materia de mercado de capitales?
–No ha habido una reforma importante. Es un área pendiente y supongo que el próximo gobierno se hará cargo. Hay áreas del mercado de capitales que requieren ser discutidas para dar una mayor profundización del mercado, bajas en riesgo en distintos segmentos, acceso al mercado de capitales. Lamentablemente, algunas de las decisiones y regulaciones que se han adoptado han ido exactamente en la dirección contraria, que perjudican por ejemplo el acceso.

¿Qué le parece que en el Congreso aún se discuta la ley única de fondos (LUF) sin muchos avances?
–Entiendo que es un trabajo del parlamento, pero es un tema en el que Hacienda debiera involucrarse, porque efectivamente la LUF profundiza el mercado de capitales y diversifica las inversiones.

Respecto al tema regulatorio que mencionó, ¿cuáles son las materias que más le preocupan?
–La primera, que no es única responsabilidad de la autoridad, es que en este país se ha generado una cierta doctrina de que haya menos información. El borronazo es un buen ejemplo, pero después de que se sacaron de Dicom, los deudores volvieron pocos meses después. La autoridad no ha sido lo suficientemente firme en explicar que borronazo no es lo mismo que perdonazo, lo que da una señal muy mala. Segundo, iniciativas como la base consolidada de datos (deuda consolidada) no han avanzado. En un editorial de un diario leía que no es cierto que la población chilena esté sobreendeudada. Quedé perplejo porque no se sabe, esa información no está disponible. El proyecto de consolidación de base de datos debiera avanzar porque es un cambio mayor que permitirá avanzar en el acceso al crédito.

Paralelamente, la aprobación del proyecto que rebaja la tasa máxima convencional debiera quedar para marzo…
–Ese es el tercer aspecto. Se ha dado una importancia enorme a la tasa máxima convencional, cuando sabemos que ese proyecto generará una desbancarización. Incluso con los arreglos que son mitigantes. Los trabajos que he hecho con los sectores no bancarios, me arrojan que habrá amplios efectos en sectores que tienen acceso a financiamiento a través de cooperativas, por ejemplo. Se está generando una ley que está perjudicando a personas que ni siquiera están en los bancos sino en otros que tienen clientes pymes o de menores ingresos.

¿En números, cuánta gente puede quedar desbancarizada?
–El estudio del Banco Central habla de 700 mil deudores. Yo creo que puede ser algo más que eso, cerca de un millón. Esas personas terminarán acudiendo a prestadores informales, que cobran tasas usureras. El enfoque hasta el momento ha sido de demanda, de mirar la tasa de interés. Pero no se ha visto desde el punto de vista de la oferta, de los costos de administración y los asociados al riesgo de muchos deudores de bajos ingresos. Los esfuerzos deben apuntar a disminuir esos costos con proyectos como la base consolidada de datos, descuento por planilla, ocupación de los instrumentos de garantía – que es donde ha habido avances son las sociedades de garantía recíproca–, en definitiva, un ambiente mucho más propicio para que más personas tengan acceso a un costo razonable.

¿Qué le parecen las modificaciones que se hicieron y que fueron acordadas entre Hacienda y los diputados?
–Quedó peor. Los ajustes no solucionan el problema de fondo, este es un problema de oferta, que tiene que ver con los costos de administración y de riesgo.

Entre los acuerdos está que en caso de haber desbancarización –entre otras cosas medida por una encuesta del INE– se pueda revertir en algún grado la disminución de las tasas. ¿Es factible algo así?
–¿Pero cómo se devuelve la gente que ya se fue a la informalidad? Esto se parece al borronazo, porque el riesgo del sistema ya subió. En definitiva se puede perder el esfuerzo de años de la bancarización.

En el marco de la discusión de la tasa máxima, también se ha discutido ampliar el descuento de la cuota del crédito por planilla, similar a como lo tienen las cajas de compensación. ¿Comparte esa idea? –Sí, lo que debería revisarse es ampliar el descuento por planilla, para igualar el beneficio con otras entidades que sí lo pueden realizar.

¿Se ha visto un repliegue de los bancos por todo este escenario?
–Evidentemente, el riesgo está aumentando a nivel global, lo que lleva a que el otorgamiento de crédito sea más dificultoso. Según mi estimación, en los últimos meses se han dejado de prestar en la banca unos $250 mil millones, sobre todo a sectores más riesgosos. Esto se relaciona con que la expansión de la demanda de la economía va más allá de su tendencia de largo plazo, entonces eso lleva a que en algún momento debiera desacelerarse. Los bancos, que siguen el riesgo muy de cerca, están adoptando medidas que implican ser prudente. Por ejemplo, el loan to value más exigente al momento de prestar en materia de viviendas, son medidas de prudencia macroeconómica.

Fuente : Pulso