EN LA COMISIÓN de Economía del Senado está el proyecto de ley que pretende limitar la responsabilidad de los usuarios de las más de 24,3 millones de tarjetas de crédito –bancarias y no bancarias– que están vigentes en Chile en caso de fraude, clonación o robo. En lo esencial, el proyecto, que ya fue aprobado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados y por la Sala, traslada dicha carga a los bancos y casas comerciales que emiten no sólo los plásticos de crédito sino también las tarjetas de débito.

La próxima semana, específicamente el martes, se realizará una sesión de la comisión que deberá decidir en qué lugar de la tabla pone el proyecto para continuar con su discusión, para luego pasar a ser votado por la Sala del Senado y despacharlo definitivamente para su promulgación.

El texto dispone que la institución emisora del plástico debe proveer a sus clientes de servicios de comunicación gratuitos durante las 24 horas y todos los días del año para recibir y registrar los avisos de extravío de tarjetas. Aunque originalmente se había planteado que si el cliente no podía comunicarse con el emisor de la tarjeta, bastaba con concurrir a la unidad policial más cercana para dejar la constancia o denuncia que corresponda para todos los efectos legales, dicha indicación fue eliminada.

Lo que sí se aprobó es que en caso de que la tarjeta sea falsificada y aunque el legítimo usuario no se percate de ello, será el emisor del plástico quien deberá restituir en forma íntegra la suma defraudada.

En paralelo, el proyecto establece como delito el uso fraudulento de las tarjetas de crédito, débito y/o de aquellas emitidas por empresas o sistemas de transporte colectivo –como la tarjeta BIP que se usa para el Transantiago–, así como su falsificación (extracción y copia no autorizada de la información contenida en la banda magnética).

También la da categoría penal al uso abusivo de un dato, número o clave deliberadamente revelada a otra persona por el dueño de la tarjeta para que ésta haga una o más transacciones específicas.

¿Subirán las comisiones?

SEGÚN SEÑALARON fuentes bancarias, cualquier legislación que inhiba la responsabilidad de un cliente, será cobrado por el mercado. Ahora serán los bancos quienes deberán resguardar la seguridad de las tarjetas y contratar los seguros que correspondan, costos que se traspasarán a los clientes.

El diputado Patricio Vallespín (DC), miembro de la comisión de Economía de la Cámara, afirma que «los emisores deberán internalizar los costos y los servicios de información para sus clientes y plantearon que parte de esos costos serán internalizados por ellos y que una parte será traspasada a los clientes, aunque ellos se comprometieron a desarrollar mecanismos tecnológicos que dificulten los ilícitos con tarjetas». Parte de estos mecanismos son la recientemente incorporada clave para las tarjetas de crédito –Pin Pass–, iniciativa que según precisa Vallespín no reemplaza el proyecto de ley.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, se manifestó de acuerdo con la iniciativa «en la medida que los emisores sean debidamente informados por el afectado de la pérdida o robo de su tarjeta». En este sentido, agregó, la ley «protege tanto al usuario como al emisor».

Respecto de una eventual alza en las comisiones de las tarjetas, Jorquiera sostuvo que no debería haber mayores cambios, pues no existe la obligación de contratar un seguro contra fraudes.

Fuente : La Segunda