Acompañado de los asesores Pablo Bobic y Enrique Uribe, el gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, ayer llegó a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer las observaciones del empresariado frente al proyecto de reforma laboral del gobierno.

A la sesión no asistió el presidente de la multigremial, Andrés Santa Cruz, por razones de agenda y tampoco estuvo presente la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por Bárbara Figueroa, quienes el viernes pasado se excusaron con el titular de la comisión, Tucapel Jiménez, argumentando que tienen reparos respecto de la iniciativa legal, que esperan sean zanjados en una próxima reunión con los ministros de Hacienda y del Trabajo.

La exposición de Alvear ante los diputados estuvo marcada por un juicio crítico frente al articulado de la agenda laboral.

«Vemos que este es un proyecto que persigue el fortalecimiento de los derechos colectivos, agenda laboral es algo bastante más amplio, hay varias materias que echamos de menos como los temas de capacitación, del trabajo de la mujer y de jóvenes vulnerables entre 18 y 24 años, indemnizaciones por años de servicios, entre otros, por eso que vemos que esta no es una reforma modernizadora y que está enfocada a una cosa muy concreta», señaló al ejecutivo de la CPC.

Alvear también tuvo una visión crítica para la nueva norma de titularidad sindical, la que a su juicio conllevará a un aumento artificial de la sindicación. «Esto lleva a un aumento artificial de la sindicalización, entonces lo que hace es inducir al trabajador a no quedar en desventaja y lo obliga a sindicalizarse, por lo tanto es una cosa artificial», indicó.

Observaciones

Entre las materias que contiene el proyecto del Ejecutivo, la CPC calificó como un error avanzar en la negociación colectiva interempresa, ya que se estaría promoviendo negociaciones obligatorias más allá de la empresa. También indican que este punto no forma parte del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y advierten que abriría la puerta a la negociación colectiva ramal por áreas productivas. Alegan que ante esta innovación los principales afectados serán las PYME.

En su informe con observaciones, el gremio empresarial señaló que la titularidad sindical atenta contra varias libertades y derechos fundamentales, como la libertad sindical y de asociación entre otros.

«La titularidad de la negociación colectiva es un derecho que pertenece constitucionalmente a todos los trabajadores y no sólo a los sindicatos. Como tal debe ser ejercido en la forma que los propios trabajadores determinen organizarse o coordinarse para ello, y la ley debe contener un reconocimiento a este respecto», dice el documento de la CPC.

Agrega que los derechos fundamentales que afecta esta norma son: la libertad de trabajo y contratación respecto de trabajadores que no se encuentran en afiliados a una organización sindical; el derecho que tienen los trabajadores a la negociación colectiva –sin distinción de ser o no sindicalizados–; el derecho a la libertad sindical y la libertad de asociación, todos derechos regulados en el artículo N° 19 de la Constitución Política.

Respecto de la adaptabilidad laboral, la CPC recuerda que este punto fue consensuado con la CUT en la Declaración Voluntades del año 2012 y alega que en el proyecto de ley se establecen filtros y gradualidad para avanzar en este tema, a diferencia de la titularidad sindical que operará de manera inmediata. Por lo tanto, llaman a corrigir este asunto, por medio de la unificación de criterios.

Sobre el fin del reemplazo, el gremio propone la mantención de la sustitución de trabajadores a partir del quinto día del paro. En tanto, cuestionan las nuevos poderes de conciliación e interpretación de la Dirección del Trabajo (DT).

Fuente : El Diario Financiero