Hasta las 19.00 de ayer, varias de las defensas de los sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no habían sido notificadas de las multas aplicadas por la entidad.

Aunque señalan que aún no ven el detalle de los cargos, aseguran que apelarán a la sentencia. «Vamos a impugnarla, porque Julián Moreno nunca entregó información falsa al mercado», afirmó el abogado del ex ejecutivo Miguel Chaves. «Vamos a utilizar todos los recursos disponibles para revertir la resolución», com– plementó el representante de María Isabel Farah, Alex Carocca.

Opinión similar esgrimió el abogado de Pablo Alcalde, Jorge Bofill: «En este caso ya se había prejuzgado y evidentemente impugnaremos las sanciones aplicadas».

Los sancionados tienen cinco días hábiles para pedir una reconsideración a la SVS y 10 días para reclamar las sanciones en tribunales.

Más allá de señalar que sus defendidos no han cometido las infracciones imputadas, los abogados insisten en que el superintendente Fernando Coloma debió haberse inhabilitado al tener acciones de La Polar. «Me parece gravísimo que haya reconocido que tenía acciones. Confirmó su inhabilidad», afirmó Carocca, agregando que este argumento será usado en la defensa.

Además, Chaves y el defensor de Farah concordaron en que esta resolución tendrá efectos en la arista penal, puesto que aseguran que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. «Esta multa nos puede ayudar positivamente, puesto que son los mismos delitos que se están juzgando en la arista penal y un delito no puede ser sancionado dos veces», dijo Carocca. «Esto puede traer consecuencias, porque se podría dar una doble sanción: hoy sanciona la SVS y luego lo podría hacer» la justicia, complementa Chaves.

Gremios valoran sanción

Tras el anuncio de la resolución de la SVS, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, sostuvo que desde que se conoció el caso la opinión de su sector ha sido una sola: «Si se acreditan los hechos, que se apliquen las sanciones que correspondan».

Añadió que esta resolución «es una señal que se da al mercado, en el sentido de que actividades ilícitas como las que se le han imputado a La Polar merecen una sanción considerable».

Con respecto a si se debe modificar la legislación, Jorquiera indicó que «no creo que se deba modernizar nada, porque actualmente los montos están en un rango bastante aceptable para un país como Chile; pero se deben aplicar y ser efectivos».

En la misma línea, el ex gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras Alejandro Alarcón valoró que se aplique este nivel de multas, con el «propósito de corregir la distorsión que produjo el caso La Polar». Sin embargo, añadió que «para el futuro se debe ampliar la fiscalización y que sea más estricta a entidades financieras no bancarias como el retail, las cajas de compensación y las automotoras, entre otras».

Fuente : La Tercera