La presunta entrega de la base de datos de Fonasa a la empresa La Polar no sería el único intercambio que habría entre organismos públicos y privados. Así lo asegura un estudio de la fundación Pro Acceso, que midió el tratamiento que el Estado le da a la información privada de los ciudadanos y si estas instituciones cumplen con la Ley 19.628, sobre la protección de esas informaciones.

Un punto relevante del informe advierte que el 48% de las entidades consultadas ha efectuado transferencias de datos personales a otras reparticiones públicas o privadas.

Y a esto se agrega que sólo el 43% ha declarado tener estos antecedentes ante el Registro Civil, por lo que la filtración de datos no puede ser fiscalizada.

«En este ámbito, Chile está al nivel de Afganistán, por colocar un ejemplo. No existe una reglamentación que mida la entrega de información entre organizaciones», asegura a «El Mercurio» Federico Allendes, presidente de Pro Acceso.

Esta investigación midió el procedimiento en 166 instituciones del Estado, destacando ministerios como Salud, Planificación, Defensa, Interior, Obras Públicas y Trabajo, entre otros.

Escasa seguridad

Otro de los datos muestra que gran parte de los organismos no cuentan con un sistema que resguarde los datos proporcionados por los usuarios.

Esto se explica porque sólo el 27% de las instituciones manifestó contar con un encargado o departamento que vele por la seguridad de la información clasificada en las bases.

«Esto se traduce en un eventual incumplimiento de la normativa relacionada con la confidencialidad de los documentos electrónicos», dice el estudio.

El Registro Civil asegura que existe una legislación que faculta al organismo a entregar las bases de datos a cualquier entidad del Estado que la solicite. Situación que aumenta aún más los canales de filtración hacia la esfera del sector privado.

Y este panorama no es menor, ya que existen bases de datos muy ricas en información, como la ficha de protección social, que registra más de 11 millones de usuarios, seguida de la Junaeb, cuya institución acumula cuatro bases con 11.725.182 personas.

«No existe un ambiente legal o cultural de privacidad en el país, y eso es peligroso, pues la protección de datos es escasa», señala Federico Allendes.

El ejecutivo agrega que estos problemas en los manejos de información colocan a su fundación en un paradigma. Esto, porque velan por el acceso libre a la información, como también fiscalizan la privacidad de ésta.

«Es relevante que se controle cómo las entidades públicas y privadas adquieren las bases de datos, pues en algunos casos se obliga a la gente autorizar su identidad, e– mail y teléfono de forma libre», dice Allendes.

Fuente : El Mercurio