LOS mayores costos le están pasando la cuenta a la industria salmonera. Antes de la aparición del virus ISA, que llevó al sector a la mayor crisis de su historia, producir un kilo de salmón costaba US$ 2,1 por kilo. Pero ahora ese valor supera los US$ 4,5 por kilo, debido a las mayores exigencias reglamentarias y a los problemas sanitarios, entre ellos, la proliferación del cáligus, piojo de mar que afecta a los peces y que abre la puerta a enfermedades como el ISA y o el síndrome rickettsial (SRS). Los gastos médicos, que son altos, han aumentado. Un tratamiento, cuentan operadores, tiene un valor de US$ 30 mil por centro de cultivo. En el período peak del contagio de cáligus, por ejemplo, se hicieron hasta 20 tratamientos por cada área.

A esto se suma el buen desempeño de Noruega, el mayor competidor de Chile en el mundo, que está aprovechando la bonanza de precios, que en el año han aumentado 34,8% (ver infografía), y cuyo costo de producción es menor en más de US$ 1 por kilo al de los chilenos. En esa línea, la queja más repetida en la industria es la pérdida de competitividad. Por los nuevos problemas, el sector ya ha perdido US$ 700 millones al año, según dijo el socio, junto a la estadounidense Icicle Seafoods, de Salmones Aysén, Pablo Baraona, en una reciente entrevista en Pulso.

Por eso, en el último tiempo los salmoneros han estado negociando con el gobierno para modificar algunas de las normas ambientales y sanitarias dictadas en 2010, tras la emergencia del virus ISA, que redujo a la mitad la producción local. Critican que la legislación se elaboró «sin un diagnóstico claro» sobre las causas que generaron la crisis sanitaria, plantea la presidenta de SalmonChile, María Eugenia Wagner. «Hoy, con mayor conocimiento técnico, hemos identificado que parte de la regulación introducida no ha evidenciado mejoras sanitarias ni medioambientales. Más bien, han resultado en mayores costos», opina.

Según explica, el gremio está trabajando «intensamente» en una agenda para separar aquello que no aporta a la condición sanitaria y medioambiental de aquello que sí, y cambiar una norma que fue «buena para ordenar la casa», pero cuya implementación significó «más hacinamiento y problemas sanitarios», según un empresario del sector.

Grupo de trabajo

La idea es tener el mayor compendio de medidas refaccionadas antes de que termine la actual administración. No se hizo antes, cuentan ejecutivos de la industria, por los problemas que enfrentó internamente SalmonChile, como dificultades para lograr acuerdos y tener una sola voz ante la autoridad para perfeccionar un sector que hoy enfrenta una nueva crisis. En ese contexto se produjo la renuncia de la presidenta de la entidad, María Eugenia Wagner, a partir de enero próximo.

Este escenario demoró el trabajo de perfeccionamiento de la norma, coincide el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. Explica que la primera reunión con el gremio se realizó en enero, pero que recién en octubre dicha entidad respondió la primera parte de los puntos a mejorar, restando aún la entrega de un documento complementario. En total, son 40 los puntos considerados, dicen conocedores de la iniciativa.

Galilea está optimista. Aclara que se trabaja en dos frentes: uno con los temas de corto plazo, enfocados a mejorar la actual situación, que no apunta a cambios estructurales, sino a modificaciones en los procedimientos o controles, algunos de los cuales la industria considera innecesarios o demasiado estrictos.

El otro punto es una agenda de largo plazo, a cargo de un comité especial de SalmonChile, formado por los gerentes generales de cinco empresas: Marine Harvest; Pacific Star –fusión entre Trusal y el grupo Hurtado–; Los Fiordos, de Agrosuper; Friosur, de la familia Del Río, y AquaChile, que se reintegró al gremio hace unos meses y que encabeza Víctor Hugo Puchi (ver recuadros).

«Estamos trabajando con toda la industria con el fin de, ojalá, poder desarrollar un documento que genere las bases para que la nueva administración evalúe la posibilidad de implementar las medidas que se necesitan para el largo plazo», revela Galilea. Esta suerte de hoja de ruta persigue que a futuro la industria tenga estabilidad económica, sanitaria y ambiental, y sea sustentable.

Al gremio, añade María Eugenia Wagner, le es indiferente cuál administración resuelva el tema, pero enfatiza que es importante que la autoridad se haga cargo de los problemas de fondo y que entienda el sentido de urgencia. «Con este nivel de ineficiencia productiva y de costos, la industria no sobrevive. Eso es muy riesgoso para las regiones australes y para el país», dice.

Más peces en el agua

Pablo Galilea afirma que en la cartera existe la «plena voluntad» para mejorar la normativa, la que, reconoce, se generó bajo una emergencia. Pero aclara que el Estado no renunciará a su rol para que los temas ambientales y sanitarios se mantengan en condiciones tales que la industria se recupere y se comporte bien, comenta. Agrega que los cambios que se están definiendo tendrán sólo un impacto marginal en los costos. A su juicio, los problemas de competitividad que está viviendo la industria se deben a decisiones de las propias empresas. «El problema es que hay más peces en el agua», resume. La misma visión existe en algunas empresas del gremio. Un ejecutivo indica que el problema está en la cantidad de biomasa que hay en los centros hoy y eso genera un problema biológico y sanitario.

Galilea lo grafica así: en 2010 se produjeron 400 mil toneladas de salmones, volumen que este año alcanzará las 850 mil toneladas. Pero la talla de los peces ha caído. En 2010, el peso de un ejemplar de salmón del Atlántico era de 5,4 kilos, el que bajó a 5,1 kg en 2011. En 2013 ese valor llegó a 4,1 kg; esto es, 24% menos que hace tres años. El tiempo de cosecha, en tanto, ha pasado de 14 a 18 meses. «Antes el sector estaba vendiendo 1,3 kilos más que hoy, con un menor costo. Ahora vende menos y tiene más costos. El resultado de eso es una pérdida de competitividad», señala Galilea.

Otro factor que está perjudicando al sector es la alta mortandad de peces, que se duplicó entre 2012 y 2013 debido a los brotes de cáligus. «Una tasa normal de mortalidad es de 15%. En 2012 tuvimos 10% en promedio y este año llegará a 20%», grafica un alto ejecutivo del sector.

Temas de negociación

Para regular la cantidad de peces que se echan al mar, el gobierno y las empresas están trabajando en la implementación de nuevos planes de manejo. Este mecanismo está considerado dentro del reglamento sanitario y busca que las firmas se pongan de acuerdo en relación con qué concesiones van a usar y cuántos ejemplares van a poner en el agua, con el fin de disminuir la concentración que hoy existe.

Esto, indica Galilea, repercutirá directamente en los volúmenes de producción. Indica que se busca un volumen óptimo, el que cifra en 700 mil toneladas de producción. Para lograr este nivel, al que se llega de manera paulatina, ayudará también la implementación de la norma que regula las densidades, que comienza a operar en enero de 2014 y que castiga el mal comportamiento sanitario de las empresas reduciendo, en el ciclo siguiente, la siembra de smolts (juveniles).

Un rol relevante tendrá la norma que permite la relocalización de las concesiones dentro de un mismo barrio. Esto, con el fin de lograr el lugar óptimo para cosechar los peces. En el gobierno estiman que cerca de 500 concesiones, de Los Lagos y de la zona de Aysén, serán relocalizadas, de un universo de 1.200. Con todo, se estima una rebaja de 20% en la producción de salmón de 2014.

Otro punto que también se está discutiendo con premura es cambiar los parámetros con que se calcula la existencia de vida marina en el fondo del mar y que permite la siembra de los peces chicos. Los llamados Informes Ambientales (Infas), que están presentes en el sector desde 2004, actualmente están arrojando resultados negativos y están haciendo que más de 30% de las concesiones hoy no puedan sembrar smolts.

En una de las categorías, la de menos de 60 metros de profundidad, ya hay un consenso en un mix de elementos para determinar la presencia de oxígeno en el fondo marino. En tanto, para los centros que están a más de 60 metros de profundidad, se evalúan los parámetros a considerar, y para eso se está revisando la experiencia que aplican Canadá y Noruega, entre otros países.

Fuente : La Tercera