El presidente de la comisión investigadora del caso Johnson, Fuad Chahín, solicitó una audiencia a la Contraloría General de la República.

El objetivo: entregarle los antecedentes recopilados por la instancia de la Cámara de Diputados al organismo contralor para que los incluya en el sumario administrativo que realiza al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que, según ha estimado el Contralor Ramiro Mendoza, tendría listo su informe a fines de este mes.

«Hoy solicite una audiencia con la subcontralor, Patricia Arriagada, para entregarle las conclusiones del informe aprobado por la Comisión Investigadora. Consideramos que es muy importante que la Contraloría tenga todos los antecedentes a la vista antes de que emita su pronunciamiento», señaló.

Precisó que entre la información que entregará a la Contraloría «está la transcripción taquigráfica con las declaraciones de los involucrados en este caso».

Lo anterior, pese a que este informe no ha sido votado por la sala, lo que anticipó debería realizarse el primer miércoles de marzo, según el acuerdo al que llegaron los comités de la Cámara.

El diputado RN, José Manuel Edwards, criticó las acciones anunciadas por Chahín: «Es un show pirotécnico porque la verdad es que toda la información ya fue entregada a la Contraloría por el propio Julio Pereira y la información del informe es pública».

Las principales conclusiones del informe
El informe –aprobado con 7 votos a favor y 6 en contra a fines de octubre del año pasado– concluye que en este caso existen responsabilidades administrativas y políticas.

Dice que «existiría una responsabilidad política del ministro de Hacienda Felipe Larraín porque, correspondiéndole la supervigilancia del Servicio al Presidente de la República a través del Ministerio respectivo en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 29 de la ley 18.575, no ha tomado las medidas necesarias para investigar las posibles irregularidades que pueden haber ocurrido en el proceso de condonación de las empresas Johnson con el fin resguardar el interés fiscal y el prestigio de Impuestos Internos».

Es más, acusa que ha tenido «una actitud más bien displicente sobre hechos que por su gravedad debieron haber concentrado su atención para aclararlos en profundidad de cara a la opinión pública».

Agrega que «existiría a juicio de esta comisión una responsabilidad administrativa tanto del director nacional Julio Pereira Gandarillas como del subdirector jurídico Mario Vila Fernández por no haber cumplido con su deber de abstención».

Las propuestas que plantea el informe
Propone, además, que se remitan los antecedentes a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la operación en los siguientes aspectos:

l Si el director nacional y el subdirector jurídico del SII, a través de su participación en el proceso, cumplieron o no con su deber de abstención, y si se vulneraron los principios de probidad administrativa y el de imparcialidad contemplados en nuestro ordenamiento jurídico.

l Si los procedimientos de inhabilidad o abstención que declaró haber efectuado Mario Vila cumplió con la normativa legal y reglamentaria vigente.

l Si el proceso de condonación se ajustó a la normativa vigente.

También plantea que se oficie al Ministerio Público para que investigue «la posible comisión de los delitos» y al Consejo de Defensa del Estado, para que presente una querella en contra de quienes resulten responsables.

Fuente : La Segunda